Zaffaroni, entre los candidatos cuestionados para llegar a la Corte Interamericana

PANAMÁ El mes próximo, en la 44» Asamblea General de la OEA se decidirá el futuro del sistema interamericano de protección de derechos humanos para el próximo quinquenio. Y éste no es un tema menor si se tiene en cuenta que en países como Venezuela y Ecuador, en los cuales está en entredicho la independencia judicial, la única esperanza de sus ciudadanos es acudir al sistema internacional de protección.

En esta asamblea general, los 34 cancilleres elegirán a cuatro nuevos miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a cuatro nuevos jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta decisión trascendental, por la importancia que tiene para la defensa de los derechos humanos en toda la región, ha pasado relativamente inadvertida.

Quienes sí han levantado su voz para cuestionar no sólo el proceso de elección, sino a algunos de los candidatos propuestos, han sido importantes organizaciones de derechos humanos.

En efecto, si bien países como Jamaica, Colombia y Panamá han presentado candidatos independientes y con una reconocida formación para integrar la Comisión Interamericana, no sucede lo mismo respecto de todos los nombres propuestos para las cuatro vacantes de la Corte Interamericana.

Para completar esas vacantes, es decir, para elegir a la mayoría de los jueces que integrarán esta importante institución, Chile y Costa Rica han presentado candidatos sólidos que, con independencia de su ideología, han demostrado tener una clara autonomía.

En cambio, Uruguay, la Argentina y Ecuador han presentado candidatos que, en menor o mayor medida, han sido cuestionados por sus actuaciones previas y, por ello, para algunos expertos no reúnen las calidades necesarias para ser depositarios de la confianza que debe recaer sobre quienes son los encargados de proteger los derechos humanos de todos los habitantes de la región.

CONDESCENDENCIA

El uruguayo Alberto Pérez Pérez, que ya es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y va por la reelección, en su país es visto como un profesor respetable, pese a no tener una obra jurídica conocida. Ha mostrado, además, una gran solidaridad con las víctimas de graves crímenes contra la vida o la integridad cometidos bajo regímenes autoritarios del pasado. Sin embargo, no reaccionó de la misma manera cuando crímenes similares u otros delitos relacionados con derechos políticos han ocurrido bajo gobiernos autoritarios de la actualidad.

A juicio de abogados y especialistas familiarizados con las actuaciones de la Corte Interamericana, el juez uruguayo ha sido notablemente condescendiente con países que en la última década han debilitado todas las garantías para el ejercicio de los derechos humanos, como Venezuela.

No sólo en casos relacionados con crímenes que han quedado en la total impunidad, sino en aquellos referidos a la falta de independencia judicial o a la violación flagrante de la libertad de expresión, a Pérez Pérez se le atribuye haberse dejado llevar más por sus tendencias ideológicas que por su papel como defensor de los derechos consagrados.

Por ejemplo, ha sido protagonista de algunas de las más polémicas decisiones tomadas por la Corte en años recientes, como el caso "Mémoli contra Argentina".

Esa sentencia fue objeto de una dura crítica por parte de expertos y defensores de derechos humanos no sólo por desconocer los precedentes, sino por revivir una doctrina autoritaria que los propios gobernantes argentinos, terminada la dictadura, se habían propuesto erradicar.

Ése y otros fallos marcadamente regresivos en materia de derechos humanos justifican, según diversas fuentes, la resistencias que suscita su intención de seguir en la Corte.